Santo Domingo.- Con la presencia de organizaciones a favor de la vida, la comisión especial de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto de ley mediante el cual se establecen las condiciones y requisitos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por causas excepcionales, continuó con la ronda de debates sobre las tres causales, las cuales se mantiene excluidas del proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana.
Dentro de esas organizaciones, estuvieron presentes Alianza Viate, representada por la Doctora Magdalena Pina Dirocié, quien explicó que las principales causas de mortalidad materna de manera directa en el país, según el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, son por trastorno hipertensivo del embarazo en 39.34%.
De igual forma, las infecciones representan el 27. 87% y hemorragias 27.21%, las cuales no tiene relación con los abortos y si por diferentes factores como acceso a consultas especializadas, la desnutrición, deficiencias en los servicios de salud, entre otros aspectos.
Pina Dirocié enfatizó que: “Con esto queda desmitificado el hecho que, aprobando el aborto, disminuirían las tazas de mortalidad materna, al no tener una incidencia significativa”.
A demás, hizo hincapié en que el tema de la mortalidad materna está siendo utilizado por los ¨lobby abortistas¨ para manipular y motivar la despenalización del aborto, obedeciendo a una estrategia que data desde 1968.
En ese mismo sentido, Damaris Patrocinio, presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, manifestó que la insistencia para aprobar las tres causales se debe a que existe un negocio que mueve miles de millones de dólares, promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y todas sus agencias, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Amnistía Internacional entre otros.
Reveló que la Federación Internacional de Planificación Familiar (en inglés Internacional Planned Parenthood Federation, IPPF), la cual tiene estatus consultor ante la ONU, es la propietaria del 80% de las clínicas abortivas en mundo mientras que el 78% restante están localizados en los barrios negros y latinos, siendo su representante en el país Profamilia, entidad que recibe un millón de dólares anualmente.
La IPPF es una organización no gubernamental de ámbito mundial que tiene como objetivos generales la promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, así como la defensa del acceso al aborto inducido y el libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar, por lo que promueve a nivel internacional la incorporación a la sanidad pública del aborto inducido en condiciones de seguridad.
De su lado el representante de la arquidiócesis de Santo Domingo y la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, padre Mario de la Cruz Campusano, presentó ante el pleno su desacuerdo tras citar que en la carta magna no existe la figura de la pena de muerte, por lo tanto, recurrir a la aprobación de las tres causales, sería una violación a la misma.
Cruz Campusano a través de un documento, recomendó endurecer las penas para aquellos hombres que cometan una violación, así mismo que el gobierno y las empresas privadas propicien políticas públicas de ayuda a las familias víctimas de la violencia, con unos niños discapacitados, además de crear albergues para niños fruto de una violación, incluyendo a ancianos y desprotegidos.
Otras entidades pro vida que participaron en el encuentro fueron la Fundación Casa de Refugio, Ministerio Bendecidos para Bendecir, Renovación Popular Dominicana, Cátedra de un Pensamiento, Iglesia Centro Misionero y Comunitario Zoe, Inc, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia y Pastoral Familia de la Iglesia Arca de Noé.
Estas coincidieron en que se debe establecer con claridad cuales son aquellas malformaciones incompatibles con la vida y que la mujer sólo tiene derecho sobre su cuerpo, más no de la criatura que al momento de ser concebida, adquiere derechos que están en perfecta armonía con los de sus madres.
La Comisión del proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo estuvo presidida por el diputado Héctor Darío Feliz Feliz, quien estuvo acompañado de Rubén Darío Maldonado Díaz, proponente de la iniciativa y de los legisladores Betty Gerónimo, Carlos Alberto Rimareis, Héctor Bienvenido Ramírez, Juan Dionisio Rodríguez, Ramón María Ceballos, Margarita Tejada, Heriberto Aracena, Fior Daliza Peguero, Isabel de la Cruz, Faustina Guerrero, Verónica Contreras y Jesús Ogando, miembros de la misma.
Sobre los métodos para la interrupción del Aborto
En su intervención, Juan Carlos Troncoso, de la Fundación Justicia, Educación y Desarrollo, explicó que las técnicas para la realización del aborto varían según la edad fetal, citando que, si es temprana la edad gestacional, el médico debe elegir entre darle unas píldoras abortivas a la madre u optar por introducir una cánula plástica por el cuello del útero.
Se recuerda que las tres causales se refieren a aquellos casos en que el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto, o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
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